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Facultades Generales

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Las facultades generales son aquellas que se identifican con las funciones propias de un abogado general de una universidad pública:

  • Representación legal de carácter contencioso (penal, laboral, civil, amparo) y de carácter administrativa (contraloría, función pública, propiedad industrial e intelectual, telecomunicaciones, etc.).
  • Redactor y revisor de proyectos legislativos. Las razones de un nuevo proyecto normativo pueden ser diversas:
    • Una nueva circunstancia en la vida nacional a la que la universidad no puede permanecer ajena, ejemplo tema de transparencia y acceso a la información, protección de derechos de personas con capacidades diferentes.
    • Al buscar la adecuación de normas que han sido desfasadas por nuevas condiciones en la vida universitaria, ejemplo esquema de representación de los sectores de la comunidad universitaria en los distintos órganos colegiados.
    • Al detectar a través de la interpretación jurídica aspectos omisos o insuficientes en la legislación vigente.
  • Otorgamiento de poderes. Se entiende que son los relacionados con pleitos y cobranzas y no los generales para actos de administración.
  • Asistencia legal para la realización de gestiones o trámites jurídicos diversos.
  • Asesoría jurídica para analizar documentos o proyectos específicos con repercusión jurídica. Esta labor se ofrece al Rector, a órganos colegiados, a entidades académicas y a dependencias administrativas, así como a las comisiones mixtas previstas en los contratos colectivos de trabajo. En función de la asesoría solicitada, el resultado se puede plasmar en un documento denominado Opinión Jurídica o bien brindarla al participar en los propios órganos colegiados en los que la legislación impone la participación de la Abogada General integrante del mismo y en las comisiones mixtas en materia laboral.
  • Validación y registro de instrumentos consensuales (convenios y contratos). Se analiza que los instrumentos se ajusten a la legislación universitaria y que se salvaguarden los intereses de la universidad evitando que resulten onerosos, inequitativos o desproporcionados para la institución.
  • Coordinación general de las actividades jurídicas de los 44 jefes de oficinas jurídicas adscritas a entidades académicas.

Facultades Especiales.

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Son aquellas que en un esquema tradicional no competen a un abogado general de una universidad pública, pero que en el caso de la UNAM ya sea el Rector o el Consejo Universitario se las ha reconocido para mejor organización y control de la actividad jurídica, en función de la estructura del Sistema Universitario:

  • Intérprete de la legislación universitaria. Por la importancia que en la práctica tiene esta facultad, adelante se hacen reflexiones particulares.
  • Coadyuvante en la aplicación del sistema disciplinario universitario. Se brinda apoyo a directores de entidades académicas, a través del jefe de la oficina jurídica adscrita. Asimismo, fungir como secretario del Tribunal Universitario. Se corresponde con una labor de proyectista judicial, en cuanto le corresponde la parte administrativa del Tribunal (programar audiencias, realizar las notificaciones, conducir las audiencias) y preparar el proyecto de resolución correspondiente. Para llevar a cabo materialmente esa función se designa al Secretario Auxiliar.
  • Resolutor de los recursos interpuestos en materia de transparencia y acceso a la información, sea el de revisión o el de reconsideración.
  • Divulgador del Derecho Universitario y de la legislación universitaria. Editor de textos jurídicos en ambas materias y organizador de cursos de capacitación y de actualización en materia jurídica en general y universitario en particular.
  • Auditor legal de las 44 unidades jurídicas adscritas a entidades académicas. Se realiza a través de visitas técnico jurídicas, encaminadas a revisar in situ los expedientes de las diversas materias tramitados o en trámite. El resultado de las visitas pueden derivar en Recomendaciones al titular de la unidad jurídica para mejorar la organización, el control, la identificación de asuntos relevantes, el seguimiento de asuntos y propuestas de criterios jurídicos a esgrimir en lo sucesivo para fortalecer la argumentación de las promociones y resoluciones. Se busca generar lineamientos básicos tanto administrativos como jurídicos, así como mejorar la vía de comunicación de la oficina foránea con la oficina central.

Facultades expresas y Facultades implícitas

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Las facultades expresas son aquellas que se encuentran previstas en el Acuerdo sobre la Estructura de la Oficina del Abogado General y en cualquiera de los textos legislativos. En este rubro encuadran todas las facultades generales y especiales señaladas en el rubro anterior. En cambio, las facultades implícitas se refieren a funciones que sin tener una incorporación expresa en la legislación universitaria se desprende de la propia tarea jurídica de quien tiene la calidad de Abogado General.

Aquí podría entrar la función de consultor jurídico en cuanto elaborar dictámenes jurídicos para buscar la solución de asuntos concretos que no llegan al Tribunal Universitario (una especie de medios alternos de solución de controversias) o para dar respuesta a las solicitudes de viabilidad jurídica de casos o esquemas específicos para determinar si se puede llevar a cabo un acto en particular o es contrario a la legislación universitaria. En este supuesto se hace el estudio a manera de opinión jurídica, aunque es diferente a emitir un criterio de interpretación jurídica.

Facultad de interpretación de la Legislación Universitaria.

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Esta función de la Abogada General juega un papel trascendente en el ámbito jurídico y de la vida universitaria cotidiana. Por ello, se hacen las siguientes reflexiones:

La función de intérprete a cargo de la Abogada General tiene una doble circunstancia:

1) A través del criterio de interpretación no se pretende resolver un caso concreto, ya que el carácter de la Abogada General no es de un tribunal que siga un proceso y dicte una resolución, y

2) El criterio de interpretación que emite el Abogado General tienen carácter general, ya que habrá de servir de precedente para casos o situaciones similares o análogas que se lleguen a presentar en otras entidades académicas. Se podría pensar en un posible cuestionamiento a la facultad interpretadora de la Abogada General, pues la interpretación de la norma legislativa dentro del estado de derecho del país se reconoce a las autoridades jurisdiccionales lo que dentro de la Universidad correspondería al Tribunal Universitario. Además, el sustento de la facultad interpretadora de la Abogada General lo es un Acuerdo Rectoral y no un texto normativo expedido por el Consejo Universitario, en su carácter de órgano colegiado legislativo de la Universidad.

Los anteriores cuestionamientos se revierten con razones técnico-jurídicas y de política jurídica:

A) Aunque ni la Ley Orgánica ni el Estatuto General incorporan la facultad interpretadora de la Abogada General, diversos reglamentos y estatutos aprobados por el Consejo Universitario sí reconocen esa facultad. En un enfoque porcentual, 11 de los 42 reglamentos vigentes y 1 de los 5 estatutos, representa un 20% de la legislación aprobada por el máximo órgano colegiado universitario.

Es cierto, falta un precepto dentro del Estatuto General que reconozca la facultad general interpretadora respecto a toda la legislación universitaria, pero la función en sí no es extraña ni tiene una incorporación forzada en el Estado de Derecho Universitario. Se trata de una manifestación de la costumbre universitaria, que ha reconocido al Abogado General como el intérprete de la legislación universitaria.

B) La labor del Tribunal Universitario es casuística; resuelve casos particulares. En cambio, las consultas formuladas al Abogado General si bien tiene un origen particular, el criterio emitido puede tener alcance general, en cuanto puede servir para una ulterior modificación legal. De hecho, hay casos en que la consulta la hace un órgano colegiado con facultad legislativa, con la finalidad de hacer ajustes normativos. Lo anterior no significa desconocer la facultad interpretadora a cargo del Tribunal Universitario, la cual va ínsita a la labor valorativa y de cotejo a la luz de la normativa universitaria de la acción u omisión consignada en el expediente en cuestión. Aunque esa labor interpretadora se entiende acotada al ámbito disciplinario.

C) Por política jurídica, el Sistema Universitario ha asignado la función interpretadora al Abogado General, a fin de hacer más expedito el cumplimiento de la norma universitaria, pues ante casos de duda en la aplicación de la misma, pero en donde no hay una controversia, se requiere de una instancia especializada que haga el análisis técnico y determine el sentido y alcance de la norma en cuestión. Además, en el análisis que se realiza es ineludible tener a la mano lo que se señaló al principio de capítulo como “esencia universitaria”, es decir, las circunstancias y el contexto propio de la vida universitaria.

D) El hecho de que la facultad general de la Abogada General derive de un Acuerdo Rectoral no demerita ni la función interpretadora ni su reconocimiento legal, pues dentro del esquema de autonomía universitaria definido por la SCJN en cuanto a la facultad de la Universidad de autonormarse, se ha reconocido al Rector la facultad de emitir Acuerdos de observancia general.

En ninguna parte del orden jurídico universitario se encuentra una regla de jerarquización entre las normas emitidas por el Consejo Universitario y las contenidas en los acuerdos rectorales. En ese sentido, debe privilegiarse la armonía normativa, por encima de contradicciones o choque de normas. El fin supremo es la conformación y consolidación del Estado de Derecho Universitario, en el cual debe haber plena correspondencia de la facultad legislativa del Rector con la que lleva a cabo el Consejo Universitario.

E) Hasta ahora el esquema ha coadyuvado a dar estabilidad al Sistema Universitario. Incluso los criterios de interpretación de la Abogada General se convierten en un elemento para la toma de decisiones, pero sin llegar a implicar una sustitución de los órganos unipersonales ni colegiados universitarios.

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